Después de un proceso participativo más o menos amplio y complejo, en cada demarcación han salido adelante y con mayoría en el Consejo Nacional del Agua. Ahora han sido aprobados por el Gobierno, con la finalidad de impulsar una política en materia de agua orientada a la compatibilidad entre demandas y necesidades ambientales, y lograr en definitiva una adecuada gestión hídrica. Con nuevas propuestas como son la incorporación de los costes de los servicios del agua o la actualización del listado de zonas protegidas o los programas de seguimiento de las masas de agua, la planificación de nuestro país se hace compatible con la del resto de la Unión Europea y dar cumplimiento a la Directiva Marco del Agua, lo que permite el acceso a fondos europeos que hasta ahora estaban vetados por no estar aprobados dichos planes.
Sin embargo los nuevos planes hidrológicos no han surgido exentos de críticas y ya algunas voces ambientales se han alzado para insistir y destacar que se vea al agua como un bien común y no sólo como un mero recurso comercial. La participación de la sociedad es fundamental para ir encaminando el papel, decisivo y necesario, de la ciudadanía en las medidas que deban adoptarse por el bien común ambiental, logrando de esta forma una adecuada planificación hidrológica entre todos.
